P7F1

Del intento a ser desalojados de manera ilegal, a la posibilidad de quedar como adjudicatarios de la vivienda

Desde octubre de 2015 alquilan en las 86 Viviendas a una presunta adjudicataria que no sólo nunca habitó la propiedad, sino que también hace pocos días quiso desalojar sin orden judicial a los actuales moradores. Tras la frustrada audiencia de mediación, ahora la abogada patrocinante de quienes alquilan solicitó una nueva audiencia para junio. En este caso se amplió el objeto del encuentro entre las partes ya que para ese momento se citó al IPPV y a la municipalidad con el fin de que la vivienda sea adjudicada a su cliente.

 

 

Villa Regina – “Las viviendas tienen un carácter social, no lucrativo”, fue lo que manifestó una abogada en el año 2012 a LCRegina al momento de hacer mención a aquellos casos registrados en planes como las 47 y 201 Viviendas ante el alquiler de las casas del IPPV cuando aún no se habían cancelado las cuotas de amortización o se contaba con la escritura.

A más de 7 años de aquella denuncia, hace pocos días tomó estado público otra situación de irregularidad. La misma fue denunciada en febrero de este año por parte de Fernando Silvestri pero trascendió a partir de un intento de desalojo ilegal que sufrió este hombre junto a su familia, seguido de un presunto robo y daño de bienes, ocurrido el pasado viernes 5 de abril.

El conflicto se produjo en una propiedad del plan 86 Viviendas (las Municipales) situada en la esquina de las calles 12 de Octubre y Gutiérrez. Allí alquilan y habitan desde octubre de 2015 Fernando junto a su mujer y sus dos hijos de 5 y 9 años. Se trata de una de las pocas casas que al momento del acto de inauguración (septiembre de 2015) el IPPV adjudicó a la municipalidad para que ésta cediera a aquellas familias que considerara pertinente en base a sus necesidades.

Sin embargo lejos de ocuparla, la presunta adjudicataria elegida por el municipio sacó un provecho económico de la casa. “Nosotros le alquilamos de buena fe a una señora que dijo haber comprado la carpeta de esa vivienda pero como no la iba a precisar, ya que tenía otras propiedades, nos la ofreció en alquiler”, denunció al Concejo Deliberante y a este medio en su momento Fernando, el actual morador.

A lo antes descripto debe sumarse que en los primeros meses del 2017 la presunta dueña alquiló una parte del terreno para la apertura de una verdulería y la situación pasó a mayores, y a ser insostenible, cuando a fines del 2018 subdividió con maderas el comedor de la casa que es alquilada desde 2015.

La instalación de la verdulería fue lo que despertó el reclamo y la denuncia de una junta vecinal de ese sector de la ciudad para la realización de un control bromatológico. Así fue como se descubrió la condición de irregularidad que presentaba la casa y ante estas sospechas la presunta adjudicataria decidió recuperar la vivienda por lo que exigió su entrega a los inquilinos.

Este año Fernando planteó la situación al Concejo Deliberante para aclarar que había sido engañado, que no estaba usurpando la vivienda y que precisaba de ella. En forma paralela la presunta dueña continuó solicitándole la propiedad y por este motivo el jueves debía llevarse a cabo una audiencia de mediación, la cual no prosperó debido a que la parte requiriente faltó a la misma.

 

 

Les barretearon la puerta y los intentaron desalojar

 

De manera sorpresiva y previo a la audiencia de mediación convocada por la presunta adjudicataria, encuentro al cual no asistió, la mencionada mujer junto a su marido, sus dos hijos y otros dos sujetos irrumpieron en la vivienda en las primeras horas de la mañana del pasado viernes 5 aprovechando la ausencia de sus moradores.

Tras barretear una puerta ingresaron a la casa para retirar todos los bienes de la familia Silvestri a la calle, precisamente en el momento en que el matrimonio se encontraba en el trabajo y sus hijos en la escuela.

Gracias al llamado de los vecinos Fernando y su mujer regresaron a la propiedad, llamaron a la policía y por varias horas las dos partes quedaron en la propiedad ya que ambos aseguraron tener derechos sobre la misma. En este sentido la familia que alquila dijo no tener dónde vivir por lo que precisaban de la casa, sobre todo por entender que le fue adjudicada a una persona que nunca la habitó.

Tras varias horas con los bienes en la calle y la policía en el lugar, finalmente se decidió que se respetara la audiencia de mediación que debía realizarse el pasado jueves.

 

 

La familia que alquila va por la adjudicación de la casa

 

Por no haber asistido la presunta adjudicataria, pese a que ella la había solicitado, el jueves quedó frustrada la audiencia de mediación para el desalojo. Quien sí concurrió fue Fernando junto a su abogada Solange Rojas quien aprovechó la ocasión para convocar a una nueva audiencia para junio, encuentro al que también citó al IPPV y a la municipalidad. “Lo que haremos será ampliar el objeto de la mediación ya que pediremos que le adjudiquen la vivienda a mi cliente”, comentó la abogada a LCRegina.

Rojas también denunció que a raíz del intento de desalojo que sufrió su defendido por acción de la presunta dueña, la familia Silvestri fue víctima de la sustracción de alrededor de $30.000 en efectivo, celulares y tablets. También cuestionó que en su momento la Fiscalía no haya actuado de oficio. “Esa mañana (por el viernes 5) no le quisieron tomar la denuncia y lo enviaron a la comisaría Quinta”, agregó.

La abogada remarcó que el acta de adjudicación a la presunta dueña fue firmado por el ex intendente Luis Albrieu durante el último lapso de su gestión.

“No sé por qué motivo se la dieron a ella siendo que contaba con otras propiedades. Lamentablemente el fin social primario nunca se cumplió ya que mi cliente, quien ya se había anotado durante el 2012 en el IPPV para acceder a una vivienda, debió alquilar una vivienda que le fue entregada a una persona que nunca la ocupó”, finalizó.

 

La vivienda seguía siendo municipal

 

Fuentes del IPPV consultadas por LCRegina confiaron que la propiedad estaba adjudicada desde el 2015 a la municipalidad, junto a otras cuatro del plan de las 86 Viviendas. Se agregó que una vez que el municipio definiera a su adjudicatario debía renunciar a la propiedad a favor de esa persona. De esta manera se iba a posibilitar que el IPPV comenzara a cobrar las cuotas correspondientes.

Sin embargo el organismo provincial nunca recibió la respectiva renuncia por parte de la municipalidad, motivo por el que la vivienda continúa siendo municipal y hasta la fecha el IPPV no ha percibido el cobro de las respectivas cuotas.

“Este no es el único caso y también ocurre con otros municipios”, agregó la fuente consultada por este medio.



A %d blogueros les gusta esto: